Los artefactos, destinados a atentar contra comunidades locales y la Fuerza Pública, fueron destruidos de manera controlada tras una operación militar desarrollada en la región.
En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y como parte de las operaciones sostenidas de protección a la población civil y neutralización de amenazas terroristas, tropas de la Décima Segunda Brigada, unidad orgánica de la Sexta División del Ejército Nacional, localizaron y destruyeron dos depósitos ilegales con 59 artefactos explosivos improvisados (AEI), en zona rural del corregimiento de Santana Ramos, veredas La Victoria y La Herradura, en el municipio de Puerto Rico, Caquetá.
El material, presuntamente perteneciente a la Estructura Iván Díaz, del Bloque Jorge Suárez Briceño —una facción disidente del grupo armado organizado residual Calarcá—, fue descubierto durante operaciones de registro y control militar de área, orientadas a desarticular los medios logísticos y ofensivos de dichas estructuras criminales.
Los artefactos, de alto poder destructivo, contenían 300 gramos de pentolita cada uno y estaban dotados con distintos mecanismos de activación, algunos mediante cable mando y otros mediante sistemas de presión y tensión, con jeringas adaptadas como activadores. Las minas, camufladas cuidadosamente en una zona boscosa de difícil acceso, representaban un alto riesgo tanto para los soldados como para los campesinos que habitan y trabajan en el sector.
Este resultado fue posible gracias al trabajo articulado de inteligencia militar, que permitió direccionar las maniobras tácticas de las tropas y a la intervención precisa del grupo EXDE (especialistas antiexplosivos del Batallón Especial Energético y Vial N.º 19), quienes ejecutaron la destrucción controlada del material, sin causar afectaciones a viviendas ni al ecosistema.
Más allá del resultado operacional, esta operación representa un acto de protección directa a la infancia rural, una de las poblaciones más expuestas e invisibilizadas por el conflicto. En estas veredas, niños y niñas recorren diariamente varios kilómetros, entre trochas, potreros, riachuelos y caminos rurales, para llegar a sus escuelas. Muchos de estos trayectos atraviesan zonas boscosas, sembradíos y pasos improvisados donde estos artefactos explosivos han sido ocultos con absoluto desprecio por la vida humana.
Cada artefacto destruido es una tragedia evitada. Es un paso más hacia un entorno donde los pequeños puedan ir a estudiar sin miedo, sin que sus familias vivan con la angustia de no saber si volverán a casa sanos y salvos. Estos niños, que sueñan con ser médicos, maestros o agricultores, merecen un territorio libre de temor, donde su camino diario no sea una ruta de riesgo, sino de esperanza.
Estas acciones también protegen la vida de madres, padres, campesinos y docentes que acompañan a los menores o se desplazan para trabajar sus tierras y sostener sus comunidades. Por eso, cada operación militar que localiza y destruye un AEI no solo debilita al enemigo, sino que devuelve la tranquilidad a las familias y afirma el derecho de la niñez a crecer en paz.
Con esta operación, se logra un avance significativo en el cumplimiento del segundo objetivo estratégico del Plan Ayacucho Plus: debilitar las capacidades de la amenaza, afectando la cadena logística de las estructuras armadas ilegales y evitando su uso contra la población civil, la infraestructura crítica y las tropas en operación.
En lo corrido del año, la Décima Segunda Brigada ha logrado la ubicación y destrucción de 84 artefactos explosivos improvisados en el departamento del Caquetá, especialmente en las zonas rurales del municipio de Puerto Rico, protegiendo a comunidades campesinas, gremios productivos, líderes sociales, juntas comunales y, sobre todo, a las niñas y niños que representan el futuro del país.
El uso de este tipo de artefactos explosivos está tipificado como delito en el Código Penal Colombiano; así mismo, constituye una infracción al derecho internacional humanitario, al ser empleados como métodos indiscriminados que ponen en grave peligro a la población civil.
La Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía, la seguridad del territorio y la protección de los colombianos. De igual forma, continuará adelantando operaciones militares firmes, sostenidas y responsables para contrarrestar a las estructuras armadas ilegales que pretenden alterar la paz en esta estratégica región del suroriente colombiano.
Cada acción militar desarrollada por la Décima Segunda Brigada, de la Sexta División, es también una acción en favor de los derechos de la infancia, la educación rural y la vida campesina, fundamentales para construir un departamento del Caquetá más seguro.
Autor: prensa – Ejército Nacional
