El rugir de los helicópteros sobre el río Saldaña no solo anunció una operación militar, también marcó el inicio de una intervención urgente para frenar años de degradación ambiental en zona rural de Chaparral, Tolima, producto de la extracción ilegal minera.
A las 2:20 de la tarde, del 17 de abril de 2026, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amanezas Transnacionales ejecutaron un asalto aéreo en las veredas Las Cruces y Los Ángeles, zona en la que se despliegan soldados de la Quinta División del Ejército, como parte de la Operación Aquila, enmarcada en el Plan de Campaña Ayacucho Plus. El objetivo: debilitar las economías ilícitas de la estructura armada residual ‘Ismael Ruiz’. Sin embargo, lo que encontraron en terreno evidenció una problemática aún más profunda, un ecosistema gravemente afectado por la explotación ilegal de oro.
Nueve unidades de producción minera operaban de forma clandestina. La maquinaria pesada, el uso indiscriminado de combustibles y la remoción constante de tierra habían transformado el paisaje natural en un escenario de deterioro progresivo.
Durante la operación militar, los uniformados destruyeron 6 máquinas amarillas, inutilizaron 3 más y demolieron 9 clasificadoras, además de intervenir más de 16.500 galones de ACPM, pero más allá de los resultados operacionales, el verdadero impacto se evidenció en el terreno: fuentes hídricas alteradas, suelos erosionados y contaminación que amenaza directamente la biodiversidad de la región.
El río Saldaña, eje vital para las comunidades y los ecosistemas del sur del Tolima, presentaba signos claros de afectación. La sedimentación, la posible presencia de residuos tóxicos y la intervención de sus cauces reflejan una explotación sin control que pone en riesgo no solo el equilibrio ambiental, sino también la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones cercanas.
De acuerdo con estimaciones técnicas, la recuperación de estas áreas podría tardar más de diez años, dependiendo de la implementación de medidas de restauración. Un tiempo que evidencia la magnitud del daño causado por estas economías ilícitas.
En paralelo, la operación logró un impacto financiero significativo sobre esta estructura criminal, con pérdidas cercanas a los 2994 millones de pesos en maquinaria, y la interrupción de una actividad que generaba más de 15.000 millones de pesos mensuales producto de la extracción ilegal de aproximadamente 27.000 gramos de oro.
El Ejército Nacional, en articulación con sus capacidades especializadas, reafirma así su compromiso con la protección del territorio, entendiendo que la seguridad también implica preservar los recursos naturales y garantizar un futuro sostenible.
